ETA ya ha dejado de ser una 'amenaza real' y, por lo tanto, no tiene sentido mantener el actual nivel de escoltas. Partiendo de esta premisa, el Ministerio del Interior recoge en la explicación de sus partidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 la "reducción de los servicios de protección o escolta", una medida que ya ha generado tumulto entre jueces y fiscales, pero también entre determinados altos cargos que no quieren que les quiten el "chollo". Ahora bien, esa decisión ha levantado un amplio revuelo en determinados círculos que siguen disfrutando de protección policial: se trata muy especialmente de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que ven cómo se les puede acabar el "chollo". Resulta que en muchos casos, esas personas disponen de conductor (policía) y coche oficial, y en muchos otros casos, según el nivel, también de otro policía de escolta.
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