La implantación de una plataforma electrónica de compras y licitaciones en Estado y autonomías limitaría el gasto público y lucharía contra la corrupción. México ya lo ha hecho. El nuevo Gobierno puede tomar nota: España sería capaz de ahorrar, como mínimo, 7.000 millones de euros anuales en compras públicas con la modernización del sistema, según las estimaciones más conservadoras de la UE.
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